La Paz, 24 de noviembre de 2023 (ABI).- La paralización de la Planta de Amoniaco y Urea (PAU) durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez generó un daño económico para el Estado de $us 428 millones, y la sentencia contra exfuncionarios del Ministerio de Hidrocarburos y de YPFB sienta un precedente, afirmó el viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Willan Donaire.

“Se calcula en $us 428 millones el daño económico que se ha hecho al Estado, a YPFB y a la Planta de Amoniaco y Urea. Creemos que esta situación no se debe dar. Se ha presentado una querella en contra de los principales actores, gerentes, directores y los diferentes personajes, y fueron acusados”, atestiguó la autoridad.

La decisión de paralizar la planta industrial fue tomada por el exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora y el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz, quienes fueron condenados a ocho años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

El paro forzado de la PAU provocó daños en el sistema de vapor y turbinas, entre ellas la turbina “expander de nitrógeno” cuyo costo de fabricación es de $us 163 millones.

En el periodo de facto también se habló de que la planta era deficitaria, que su ubicación no era la correcta, que había que trasladarla a la frontera, pasarla a la administración privada, licitarla o venderla.

El Juzgado de Sentencia en lo Penal Segundo de Ivirgarzama (Cochabamba), dictó el miércoles sentencia condenatoria de ocho años contra Zamora y Soliz, que deben cumplir en el penal de Choncocoro de La Paz.

Junto a ellos, también fueron sentenciados Jorge Blancourt Calvo, Oscar Boutier Hurtado, Carlos Vilar Gutiérrez a ocho años de presidio a cumplirse en el recinto penitenciario de El Abra, Cochabamba; e Ivert Oliva Soria a cinco años y cuatro meses en el mismo recinto carcelario.

“Los delitos fueron consignados como incumplimiento de deberes, tipificado en el artículo 154 del Código Penal y conducta antieconómica. El hecho de la investigación denunciada va a partir de la paralización que se hubiera dado en las operaciones de la Planta de Amoniaco y Urea, lo cual hubiera generado un daño económico sustancioso en YPFB y en la generación de recursos para el Estado boliviano”, dijo la gerente Legal de YPFB, Martha Criales.

Entre tanto, la asesora del Ministerio de Hidrocarburos, Rocío Molina, dijo que con el fallo en primera instancia se sentó un precedente para que nadie, en el futuro, dañe los recursos económicos del Estado.

“El presidente Luis Arce, desde el inicio de su mandato, nos ha dado la tarea de trabajar en torno a tres premisas fundamentales: no olvidar lo que ha pasado, buscar la verdad y hacer justicia (…). El Estado trabaja arduamente para restablecer los atropellos que se han cometido y los duros golpes contra la economía”, señaló en conferencia de prensa.

Fuente: AgenciaBolivianaDeInformación