Según los datos de la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo, el Estado pagó Bs 4.927 millones a 1.156.556 beneficiarios de la Renta Dignidad en 2022, con la política de redistribución del ingreso enmarcada en el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP). 

El gerente general de la institución, Jaime Durán, explicó que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo establece que las utilidades de las empresas públicas “se destinen y vuelven a la población boliviana”.

En ese marco, las utilidades netas de la Gestora Pública son destinadas a fortalecer el Fondo Solidario (que permite que las pensiones más bajas aumenten) y a contribuir al pago de la Renta Dignidad.

“La Renta Dignidad beneficia a 1,1 millones de personas y lo que vamos a hacer con estas utilidades es contribuir a su financiamiento”, afirmó Durán, en contacto con la red de medios estatales.

Según un informe institucional, la Renta Dignidad convirtió a Bolivia en un referente internacional en materia de políticas de seguridad social de largo plazo, debido a que es uno de los pocos países que logró universalizar el alcance de su sistema de pensiones.

“Esta política social tiene un alto impacto debido a su contribución en la reducción del Índice de Pobreza Extrema, especialmente en el área rural del país. El efecto no solo es de carácter individual, sino también alcanza al círculo familiar, porque los adultos mayores ayudan con los gastos del hogar”, sostiene.

Este beneficio se inició con un pago anual de Bs 1.800 para aquellas personas de 60 años o más que perciben una pensión (rentistas) y Bs 2.400 para las que no la perciben (no rentistas); sin embargo, tales montos se incrementaron con el MESCP, en el transcurso del tiempo.

Desde el 2013 a la fecha, la Renta Dignidad tuvo tres incrementos en el monto pagado y además de los doce periodos pagados se incluyó un aguinaldo en favor de esta población más vulnerable.

Actualmente, los montos que se pagan por periodo en el caso de rentistas es de Bs 300 mensuales (Bs 3.900 anuales) y para no rentistas el monto es de al menos Bs 350 (Bs 4.550 anuales).

En el marco de la política de redistribución del ingreso, las utilidades de las empresas públicas, son destinadas también a los pagos de los bonos Juancito Pinto, para evitar la deserción escolar; Juana Azurduy, para las madres en gestación; y los subsidios, para la nutrición de mamás y niños.

Fuente: abi