La octava adenda firmada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras en marzo de 2020 fue un contrato que sólo apuntó a “robar al pueblo boliviano”. En agosto de ese año, el gobierno transitorio de Jeanine Áñez admitió que con ese acuerdo Bolivia pierde $us 223 millones. 

“Ahora resulta que ese contrato es para robar al pueblo boliviano, ahí está demostrado, no era falsa la denuncia. Resulta que uno quiere reclamar manda una nota al gerente de comercialización, no contestan (…) y nos enteramos de que todos los gerentes vienen de empresas extranjeras, es decir que ya han tomado yacimientos empresas transnacionales”, denunció Édgar Montaño, actualmente ministro de Obras Públicas y en 2020 diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), en la 370 sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el 5 de agosto de ese año.

YPFB y Petrobras suscribieron el 6 de marzo de 2020, hace dos años, la octava adenda de compraventa de gas natural que establecía una nominación contractual de 20 millones de metros cúbicos día (MMmcd), volumen que supuestamente “generaría un ingreso para el país hasta $us 6.000 millones durante los próximos seis años”.

Sin embargo, en agosto de ese mismo año, el ministro de Hidrocarburos, del régimen de facto de Áñez, Víctor Hugo Zamora, afirmó que la octava adenda establece que el transporte del energético sea pagado por Bolivia en el lado boliviano y que Brasil pague por lo que transcurre en su territorio. 

Ante esa situación, Bolivia perdió alrededor de $us 223 millones en tres años por el costo del transporte; es decir, en 2020 $us 58 millones, en 2021 $us 80 millones y en 2022 unos $us 85 millones. 

Según fuentes oficiales, tras la firma de esa octava adenda, YPFB dejó de percibir mensualmente $us 5,3 millones por el transporte del energético, entre Río Grande y Puerto Suárez (Mutún), en la frontera con Brasil, costo que antes de la firma del nuevo convenio lo pagaba la petrolera del país vecino. 

Aquel entonces en su calidad de diputado, Montaño aclaró y recordó que, en el antiguo contrato, Petrobras pagaba al país por transportar el gas desde Bolivia hasta Brasil y que con esa octava adenda no existe ese beneficio para el país. 

“Mientras nosotros trabajando, arriesgando la vida por el coronavirus, estos señores están disfrutando la plata del pueblo (…). Mientras nosotros estamos entregando recursos económicos al Ejecutivo, a la presidente transitoria Jeanine Añez, otros están robando millones”, lamentó aquella vez.