YPFB confirma el ingreso de dos nuevos biocombustibles

Dos nuevos biocombustibles ingresarán al mercado nacional este año: el biodiésel y el Súper Etanol 97, luego de la exitosa introducción del Súper Etanol 92, que fue resultado de un acuerdo entre el Gobierno y los empresarios privados.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) confirmó la producción de ambos combustibles, pues los incluyó en su plan de inversiones de este año.

De acuerdo con la programación, también añadió la incorporación de vehículos flex fuel (que funcionan con cualquier mezcla de gasolina).

En la actualidad, la petrolera trabaja en la producción del biodiésel y el Súper Etanol 97, este último de mayor octanaje o potencia para el motor que el Súper Etanol 92.

Respecto al biodiésel, YPFB coordina con varios sectores, como la agroindustria cruceña, para consolidar lo antes posible el proyecto de producción.

YPFB Refinación y YPFB Logística serán las encargadas de materializar la venta de ese biocombustible.

Según YPFB, la inversión total y final para la producción del biodiésel será presentada más adelante, aunque de forma inicial se tiene previsto destinar $us 1,5 millones para asuntos administrativos.

“Hoy se discute no solamente el tema técnico, sino también el cronograma y la ejecución de esas inversiones de parte de los privados (...) el proyecto del biodiésel está en camino y seguramente en los próximos meses vamos a tener identificadas la inversión privada y la pública a través de YPFB”, dijo el presidente de la estatal petrolera, Óscar Barriga, el 28 de enero, durante la presentación del programa de inversiones en el sector hidrocarburos.

Este año, el Gobierno comprará 150 millones de litros de alcohol anhidro a los ingenios Guabirá, Unagro, La Bélgica y Aguaí, del departamento de Santa Cruz, por un valor de $us 106 millones, con la finalidad de producir el Súper Etanol 92, que se comercializa en el país desde 2018.

De acuerdo con los datos oficiales, si la compra de ese alcohol se hiciera a empresas del exterior, el Estado tendría que pagar entre $us 125 millones y $us 130 millones, casi un 25% más de lo que se eroga ahora.

Fuente: Cambio

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