El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, informó este domingo que la Planta de Amoniaco y Urea (PAU) alcanza una rentabilidad del 12,92%, incluso si opera al 55% de su capacidad productiva.
“Se menciona que la planta no es rentable; hemos hecho un análisis de los costos y determinamos que la PAU tiene una Tasa Interna de Retorno (TIR) de casi 13 por ciento, que nos muestra que tenemos esa rentabilidad de la inversión”, indicó en el programa Las 7 en el 7 de Bolivia Tv.
La autoridad explicó que este análisis se lo realiza con base en un estudio netback, que se calcula considerando los ingresos y restando los costos de producción, transporte, comercialización y otros gastos para llevar el gas —y el petróleo— al mercado.
“Este análisis es básicamente ir al final de la cadena hidrocarburífera y volver a la base. Hemos comparado el costo de oportunidad de precios del gas y estas proyecciones, que se hacen a veinte o treinta años, nos dan ese 13 por ciento si la planta operara al 55 por ciento de su capacidad”, señaló.
El ministro dijo que ese cálculo de rentabilidad se realizó asumiendo el costo del gas en boca de pozo. De ese modo, la Planta de Amoniaco y Urea puede llegar a generar ingresos de hasta $us 300 millones al año.
“Entonces queremos demostrar que la planta es rentable, genera ingresos y beneficios económicos para el país”, manifestó.
Al respecto, dijo que Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) están interesadas en conversar sobre el suministro de urea que se producirá en el Complejo Petroquímico de Bulo Bulo, en Cochabamba.
“Ellos saben perfectamente que el precio que les va a dar nuestra planta va a ser un precio mucho menor al que están comprando en este momento en el mercado internacional. Entonces, eso genera un impacto en la productividad, en la disminución de costos y también en la generación de empleo”, agregó.
La reanudación de las operaciones de la Planta de Amoniaco y Urea está prevista para este lunes 6 de septiembre, luego de que el gobierno de facto decidiera unilateralmente paralizarla en noviembre de 2019, generando pérdidas al Estado que superan los $us 428 millones al 31 de agosto de este año.
Fuente: ABI
